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A colación del Real Decreto 43/2021 de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 de 7 de septiembre de seguridad de las redes y sistemas de información, conviene considerar la existencia de un Código de Derecho de la Ciberseguridad que permite dar contenidos a todo un conjunto de normativa de Seguridad Nacional, como la ley que establece medidas de protección de las infraestructuras y su reglamento, o ley de secretos empresariales o sobre secretos oficiales, respuesta a incidentes de seguridad y servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico. SI tuviéramos que diseñar niveles de ciberseguridad, diría que existen tres niveles críticos de ciberseguridad para los sistemas de información y telecomunicación:

  1. Donde pierdes la cosa;
  2. Donde pierdes el dinero pretendido por la cosa;
  3. Donde pierdes la vida, léase tu empresa;

Mi humilde conclusion es que el mayor ciberdelincuente somos los usuarios,  en muchos casos por dejadez. Bitcoin, con una capitalización en su “mercado” por encima de un trillón de dólares (a 12 de abril de 2021, 9:29 horario peninsular a un precio de 61,000 dólares), en nueve folios, ha sido un desconocido dentro de la realidad que representa su paradigma crítico, falto de gobernanza, pero robusto como para no perder el “dinero” salvo que te olvides de tu clave privada, o no la tengas bien guardada como para recuperarla. No es objeto de este artículo representar mis conclusions personales al respecto de ninguna criptomoneda, aun sin ninguna duda la persistencia de un sistema encadenado ha dado para mucho más que para discutir la descentralización, tanto como las oportunidades que representa otorgar el control del origen del dato a su creador, aún siendo ánonimo; tampoco forma parte de este artículo discutir profundidades y peligros manifiestos como lo reflejado en la Sentencia del Tribunal Superior 1377/2011, 19 de Diciembre con mecanismos directos de compartimento de relaciones de información, de par a par o de igual a igual (peer-to-peer) como redes “hawalah” y otros contenidos de la bien conocida deep-web o dark-web o como quieran ustedes entenderlo o denominarlo. Estas acumulaciones de relaciones provocan desinformación pero fundamentalmente noticias falsas que con COVID-19 el ingenio ha agudizado aún más.

Lo verdaderamente relevante de la evolución de los procesos de automatización, está en la posibilidad de evitar confiar en la gobernanza de los sistemas de información y telecomunicación si se otorga una transparencia absoluta de lo sucedido y decidido como acreditable, y además eso resulta incorruptible por inmutabilidad o por consenso auditable, algo así como “verba volant scripta manet”. Ahora bien, el Derecho a la Libre Asociación, reconocido como Derecho Fundamental en multitud de Declaraciones Universales de Derechos Humanos, se manifiesta fractalmente con la economía sistémica y el mundo Blockchain. Ha pasado ya más de una década de la existencia de la cadena de bloques y su conceptualización como registro descentralizacdo y distribuido de transacciones, donde la información ya no es el crudo de trueque sino el valor de la misma. La gobernanza ha adquirido un puntito extra para las Tecnologías de Registro Distribuido con Blockchain, la capacidad que representa para las técnicas forenses y sus investigaciones es indudable, la custodia digital aporta completitud y obliterabilidad, imaginemos un caso sencillo de control de objetos de convicción.

Pero entendamos mejor el ciclo de vida de una gobernanza mínima viable para una Blockchain y sobre todo para las tecnologías de registro distribuido en su afán descentralizado:

  1. Inicio o configuración:
  2. Operaciones:
  3. Apagado,Terminación y desmantelamiento.

Iniciar no es solamente producir el primer bloque, conocido como bloque génesis, representa una fase estática de la situación estatutaria de la gobernanza donde se definen unas reglas de diferente contexto para automatizarlas en la siguiente fase de operaciones que es dinámica. El modelo que simplifica la organización de un objeto, Blockchain /TRD, debe comprender las medidades inherentes a los actores y participantes, sujetos, mitigando la incertidumbre en cuanto a sus responsabilidades y no resulta tan sencillo de simplificar cuando la descentralización es creciente y en mi opinion conveniente, ahora bien, la automatización de los algoritmos de consenso implica también iniciar de forma sincronizada con los puntos de entrada y salida de una Blockchain o TRD, los nodos, y sus vinculaciones entre sí, habilidades o funcionalidades mínimas y sus capacidades de replicación, etc.

La segunda fase de la gobernanza es dinámica, y representa el estado actual de la mayoría de Blockchains y Tecnologías de Registro Distribuido, esta fase representa la vida en sí misma del registro distribuido donde los diferentes eventos se van acreditando mediante técnicas criptográficas en bloques secuencialmente registrados de forma incorruptible. La importancia de diferentes componentes técnicos y aplicaciones que se suceden sobre la cadena de bloques debe mantener un contexto mínimo en cuanto a la protección del almacenamiento de los mismos y donde la gobernanza de los datos es crítica en todo su sentido y especialmente en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (GDPR). No es necesario almacenar o registrar ningún dato de carácter personal en una Blockchain, y si el propietario de ese dato lo hiciera por error o malicia y quisiera ejercer su derecho al olvido cabría entenderlo como un problema?, debido a la naturaleza inmutable de los registros distribuidos en general esta circunstancia se debe mitigar en la gobernanza “on-chain” y “off-chain” del registro acreditable y por tanto se ocupa en recomendaciones diversas y especialmente bien explicado en una norma de acceso público del DIN SPEC 4997 Privacy by Blockchain design (organismo de normalización Alemán) en conclusión los datos de carácter personal deben mantenerse en eventualidades “off-chain” y nunca en una Blockchain. Sí debe contemplar la gobernanza en esta fase operacional sentido de responsabildiad, no solamente social, sino con terceros, por ejemplo propiedad intellectual o secretos comerciales se pueden ver fácilmente disipados en un registro distribuido si no se contemplan principios mínimos de “auctoritas” donde la dimplomática como ciencia, a mi modo de entender, tiene mucho que aportar sobre la autenticidad de los documentos,  a tener en cuenta en la historia sobre los documentos diplomáticos.

La fase de terminación o apagado, es algo que una blockchain debe contemplar en su gobernanza, se entiende esta fase por varios motivos, e incluso por confiscación. El reglamento eIDAS por ejemplo para los prestadores de servicios de confianza ya denota de forma importante principios de conservación aún si el prestador de servicios de confianza ha cesado o terminado su actividad. En una Blockchain los prestadores de servicio de confianza refuerzan su actividad en varios estratos del uso y aplicabilidad de servicios y la tercería de Buena fe es practicada en el buen fin del uso de credenciales verficables , por ejemplo, que supone una forma útil de usar los atributos de la identidad de las personas, las cosas y los procesos incluso. Por otro lado, la ineficiencia energética o la propia sostenibilidad pueden ser consecuencias naturales de la terminación, donde se deben contemplar todas las medidas de desactivación, destrucción y/o conservación de elementos de datos y su transmisibilidad.

La importancia de la gobernanza permite resolver conflictos de forma alternativa y existen ejemplos de automatización de resolución de disputas, que son aplicables a muchos campos y que dentro de las técnicas de arbitraje y mediación, representan un enorme avance para desestresar el colapso de la justicia. Además las ciencias sociales aplicadas a las matemáticas y la teoría de juegos ha descubierto un rol fundamental dentro de la gobernanza para proporcionar mecanismos de incentivos y de finanzas descentralizadas, incluso sociales, en una gran variedad de fórmulas y propósitos, destacan aquellos que permiten detectar con anticipación vulnerabilidades, brechas de seguridad o resuelven problemas de forma autónoma sobre smart contracts no perfeccionados o aquellos relacionados a aportar liquidez a cambio de rendimiento por interés o por otro valor intercambiable o criptoactivo.

En Abril de 2018, se firma la Declaración para crear el Partenariado Europeo de Blockchain (EBP) por 21 Estados miembros y Noruega inicialmente, para cooperar en el establecimiento de una Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI) y que durante el año pasado fundamentalmente se ha sustentado bajo cuatro casuísticas de interés: diplomas, acreditación (“notarization” en el término común), Identidad digital autogestionada (en algunos círculos auto-soberana por su terminología anglosajona “Self-Sovereign Identity” y que ha dado lugar a un elemento fundamental eSSIF y el compartimento de información confiable (“trusted data sharing”), aunque la evolución está siendo muy grande y nuevas casuísticas sobre trazabilidad, o servicios “farm2fork” (de la granja al tenedor) se van a incorporar en el próximo trimester. EBSI ha sido presentado como un “Sandbox Europeo de Blockchain” en toda regla, donde servirá de anclaje legal para aportar certidumbre jurídica a los consumidores y usuarios, y a los proveedores de servicios. 

La tecnología no se puede regular y si se diera el caso por primera vez, sería un atentado contra la creatividad y la colaboración abierta. Ahora bien, sí existen esfuerzos multilaterals, de facto, de iure y de consenso que configuran el mundo de la estandarización y normalización técnica como la opción de moral más ética. España lidera esta circunstancia tanto en ciberseguridad como en Blockchain y TRD, hemos sido atrevidos y eficaces en UNE, donde desde el principio se ha devengado un conjunto de inspiraciones del consorcio nacional de blockchain Alastria que ha contribuido con su vocalía en la norma 71307-1 y que representa el primer marco de referencia para la identidad digital sobre Blockchain y TRDs, la labor de UNE y el CTN71/SC307 es de preminencia en Europa dentro del JTC19 de CEN-CENELEC, donde dicha norma se va a desarrollar con el resto de delegaciones en pro de una norma europea y donde el trabajo de UNE, además, continuará de forma simultánea con un nuevo grupo GT2 sobre la gestion de evidenciás digitales en Blockchain.


Por:

Ismael Arribas, Es un emprendedor colectivo y empresario vallisoletano, de formación legal y Vicepresidente del Sub Comité 307 dentro de las tecnologías habilitadoras para Blockchain, experto acreditado por el MINECO en ITU y es miembro fundador de INATBA (https://inatba.org/), experto acreditado en el panel 2021 del EUBOF (https://www.eublockchainforum.eu/) y Chairman del Grupo de trabajo sobre blockchain en el EUOS (https://www.standict.eu/euos).

El día 7 abril ha dado comienzo la campaña de la Renta y Patrimonio para la realización de declaraciones por internet. El día 6 de mayo empezará la atención telefónica (previa cita) y el 2 de junio atenderán presencialmente (previa cita). La fecha de finalización de presentaciones será el día 30 de junio.

Un ejercicio marcado por la pandemia y que tienen consecuencias para los ciudadanos, el Ministerio de Hacienda ha dictado una orden y que ha sido publicada este mismo día 7 de abril, que permite a los contribuyentes que están afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en 2020, que puedan fraccionar el pago de la deuda tributaria. El contribuyente puede fraccionar el pago de la deuda tributaria derivada de la presentación de la declaración si le sale a ingresar hasta 6 meses.

La Ley de IRPF dice que están exentos de presentar la declaración aquellos que no superen los 22.000€. Para trabajadores con más de un pagador estará exento para aquellos que no superen los 14.000€, salvo que el total recibido del segundo pagador y sucesivos pagadores no supere los 1.500€.

Os dejamos enlace a la Orden: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5395


Juan Carlos Ferré: ‘No nos podemos quedar con lo primero que se nos presenta’

Os dejamos publicado la siguiente entrevista que le han hecho en el ''Huelva buenas noticias'' al Catedrático de Derecho Penal y Rector de la Universidad de Huelva, Juan Carlos Ferré Olivé, miembro de nuestro Comité Académico.

Os dejamos el enlace a la entrevista: pincha aquí


Una obligación, como mínimo moral, de todo buen profesional es preocuparse de su formación continuada. Esta obligación es más visible en un mundo como el jurídico, en el que la gran cantidad y volatilidad de las normas y la jurisprudencia que de éstas se genera, nos obliga a un considerable esfuerzo para estar permanentemente actualizados.

Por eso es tan de agradecer que algunas instituciones y empresas nos faciliten este esfuerzo y muy especialmente en tiempos de pandemia, en los que resultan difíciles las reuniones personales a las que estábamos acostumbrados en cursos y congresos y que necesariamente se han tenido que ver sustituidas por webinars y otros formatos de “ciberconferencias”.

Pero incluso así, las cotas de exigencia del trabajo diario de los profesionales jurídicos, no siempre se pueden compaginar con la asistencia a este tipo de eventos y las agendas nos impiden participar en la tan necesaria formación con la asiduidad que nos gustaría. Además, muchas veces necesitamos recibir la información en un momento concreto. A quién no le ha pasado que, preparando un trabajo determinado, bien sea una demanda, un escrito, una liquidación, etc, recordamos “caramba, justo de este tema hablaron en una conferencia hace meses, ¿qué dijeron que no lo recuerdo”…

Para poder coordinar la disciplina profesional con una adecuada actualización, la formación continuada del siglo XXI, debe ser “a la carta”, tanto en materias, como en formatos y, fundamentalmente, en agenda. Los contenidos formativos deben estar a nuestra disposición cuando los necesitemos y deben ser accesibles cuando podamos verlos. Muchas veces el ponente y el organizador son sólo uno, pero los potenciales oyentes son miles, con miles de agendas y circunstancias diferentes.

Los que vamos peinando canas, recordamos el avance que supusieron los vídeos respecto de tener que ver la película de después de comer o después de cenar a la hora que la hubiese programado alguno de los dos canales de televisión de que disfrutábamos. Podíamos sacar una película de unos establecimientos que se llamaban videoclubs y que mi hijo ya no conocerá, y verla cuando quisiésemos (eso sí, había que devolverlas rebobinadas, verbo que seguramente también desaparecerá por “desuetudo”). Mucho más avanzado ha sido el cambio que ha supuesto la aparición de las plataformas de televisión inteligente por internet, y que han desplazado totalmente a los vídeos y poco a poco van desplazando también a los canales convencionales.

Pues este mismo espíritu es el que preside la escuela de negocios ETJ Law & Business School que, con su nueva oferta de formación online a la carta, se convierte en la primera plataforma tecnológica de formación jurídica y empresarial mediante la cual, con una suscripción, el profesional puede acceder a todos los contenidos formativos disponibles y actualizados: “El Netflix de la formación jurídica”.

He tenido la suerte de poder participar como coordinador en los módulos dedicados a la liquidación concursal que bajo el nombre común “Diálogos para una liquidación concursal ordenada” recogen de una manera exhaustiva la opinión de Magistrados de lo Mercantil del primer nivel como Olga Ahedo, Carlos Martínez de Marigorta, Leandro Blanco, Juan Carlos Picazo, Rocío Marina o Guillermo Fernández, Letrados de la Administración de Justicia como Rafael Huerta o yo mismo, y los Abogados especialistas de la entidad especializada en gestión y venta de Activos International Auction Group (IAG); y abordan todas las facetas de la liquidación desde el prisma del nuevo texto refundido de la Ley Concursal y la más reciente jurisprudencia sobre la materia.

El agradecimiento a ETJ Law & Business School es doble: en primer lugar por contar conmigo para participar en este proyecto junto con muchos juristas a los que admiro y de los que aprendo cada día, y en segundo lugar, por la conveniencia de apostar por este nuevo formato educativo, que nos facilitará a todos cumplir con nuestra obligación de estar lo más y mejor formados que nos sea posible.

Las necesidades de los profesionales de 2021 no pueden satisfacerse con ofertas formativas del siglo pasado. Al igual que no nos conformaríamos cada sábado con volver a ver otra película de John Wayne.


por:

Enrique Díaz Revorio, Letrado de la Administración de Justicia en excedencia, Director del departamento concursal e hipotecario de International Auction Group

''2020 ha sido como una gran montaña, que se ha hecho...''

Os dejamos enlace a este interesante artículo de la sección de Emprendedores del Expansión donde hablan de cómo identificar y atraer a equipos e inversores: pincha aquí


Ahora que llevamos un año desde el inicio del confinamiento, algunas
generaciones podrían afirmar que este período ha sido la época más convulsa que han vivido.

¿Se ha tambaleado tu “barco” estos últimos meses? Cuando hablo de barco, me refiero al control de tus emociones: se ha hablado mucho del tiovivo emocional que muchos hemos experimentado.

Mi opinión personal es que quien no haya hecho recientemente un análisis más o menos profundo de su trayectoria vital, puede que haya desaprovechado una muy buena oportunidad para hacerlo. Si éste es tu caso, aún estás a tiempo, pues como decía Sócrates, el “conócete a ti mismo” es fundamental para poder avanzar, aprovechar mejor nuestras fortalezas y tratar de corregir nuestros fallos y errores. Dicen algunos sabios que la mejor forma de conocer bien a los demás, empieza por conocerse bien uno mismo.

Cuando los expertos sanitarios nos digan que lo peor de esta crisis sanitaria que hemos vivido se ha superado a grandes rasgos, será muy comprensible el que caigamos en una cierta sensación de euforia, con prisas por hacer muchas cosas y vivir la vida como lo hacíamos antes.

Por eso propongo cuatro claves para ese día después, es decir para el
momento en el que se considere que hemos superado de una manera bastante probable los efectos más perniciosos de la pandemia. Pienso que así enfocaremos con más sentido común y eficacia nuestros esfuerzos. Éstas sonm esas claves:

  1. Asumir que el mundo ha cambiado y no seguirá siendo como era, al menos en muchas facetas.
  2. Si queremos sobrevivir como especie, organizaciones, individuos y profesionales, hemos de aprender a “vivir en incertidumbre”. Será muy conveniente adquirir nuevos hábitos, desaprender y desarrollar más competencias y habilidades: negociación, flexibilidad, confianza mutua, empatía, escucha, resiliencia, comunicación, etc.
  3. Esa incertidumbre deberá ser “superada” por cada persona con un ejercicio intelectual (y también afectivo) de realismo sobre nuestros proyectos, para después transformar ese realismo de forma optimista y aprovechar las oportunidades que a veces no vemos, porque no son inmediatas o están “tapadas” por nuestras inercias de muchos años.
  4. Apoyarnos mutuamente, puesto que, por suerte, somos limitados y nos
    necesitamos unos a otros.

Resumo las cuatro claves:

  1. Asumir que el mundo ha cambiado.
  2. Aprender a vivir con la incertidumbre.
  3. Ser realistas y luego positivizar esa realidad.
  4. Apoyarnos mutuamente.

Por:

Ignacio Menéndez Ros
www.abilityformacion.com
Javier Puyol Montero, es socio director de Puyol Abogados & Partners, Director del Consejo Académico de la ETJ Law & Business School.

Con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, es evidente que la tecnología se ha abierto paso entre estas circunstancias para hacernos no sé si más fácil la vida, pero, al menos, sí más llevadera.

Todos podemos citar casos y momentos donde estas situaciones se han ido produciendo.

La videoconferencia es una sesión de comunicación visual entre dos o más usuarios, independientemente de su ubicación, con una transmisión de contenido de audio y video en tiempo real.

La videoconferencia, ha sido uno de esos elementos tecnológicos que han cobrado una especial y singular importancia y, sin lugar a duda, mucho más que la que antes tenía en nuestra vida personal, en nuestro ocio, en nuestra actividad profesional, y en tantas otras facetas de nuestra actividad cotidiana.

La crisis del coronavirus ha hecho que la comunicación por medio de las videoconferencias uno de los centros de atención en muchos casos de relación entre las personas.

Con millones y millones de personas trabajando desde casa o sintonizando aulas virtuales, las videoconferencias son la nueva norma a medida que los profesionales y los trabajadores colaboran de forma remota, y las escuelas lanzan iniciativas de aprendizaje a distancia.

Muchos viajes y desplazamientos que no se han podido realizar, se han llevado a cabo a través de dichas conferencias, supliendo en muchos casos la necesidad del traslado físico de los intervinientes, y en muchos, ganando en comodidad, y posibilitando dicha comunicación no sólo desde una perspectiva laboral o profesional, sino que incluso está facilitando el contacto con nuestros amigos y familiares.

Pero las videoconferencias van más allá.

Hoy en día, son más bien una herramienta para integrarse en las plataformas de colaboración de video y de comunicaciones unificadas que también ofrecen el uso compartido de la pantalla, presentación de diapositivas, grabación, mensajería instantánea, herramientas de gestión de proyectos, la integración de la telefonía, entre otras características.

A medida que un número mayor de empresas pasan al trabajo remoto, las videoconferencias se están convirtiendo gradualmente en la nueva norma, dando forma a la manera en que nos comunicamos, aprendemos y trabajamos.

Esta nueva situación lleva consigo la creación de nuevas prácticas también en el seno de las empresas, que necesitan ser reguladas, al constituir nuevas facetas de desarrollo de la actividad económica.

Para las organizaciones las herramientas de videoconferencia, el coronavirus y las políticas asociadas a la cuarentena, les ha puesto en la necesidad de obtener aquellos servicios de colaboración que sean más adecuados, como es la búsqueda de fórmulas de colaboración online, de entre las cuales destaca la videoconferencia, mientras que para las compañías que ya contaban con experiencia en su uso, la pandemia les ha obligado a profundizar en su uso y en la obtención de nuevas utilidades y funcionalidades.

MARCO LABORAL DE LAS VIDEOCONFERENCIAS

El teletrabajo, y las videoconferencias, constituyen en general nuevas aplicaciones donde la tecnología juega un papel determinante, dando la oportunidad de dar respuesta a necesidades de relación en situaciones muy diferentes, en las que las mismas han visto como desde el uso de unos pocos, se ha pasado a su implantación generalizada, mediante un uso continuado en el tiempo, y, sobre todo, a su común aceptación, como un recurso habitual y generalizado.

En este sentido, las videoconferencias en el marco laboral:

a). Sólo precisan de una perfecta coordinación en el tiempo de todos los asistentes, y permiten compartir de forma sencilla conocimientos y diferentes puntos de vista, sin importar la logística ni el lugar en el que se encuentren los trabajadores.

b). Permiten discutir los proyectos corporativos en curso, tomar decisiones en grupo, obtener un feedback instantáneo, compartir documentos de trabajo, disponer de herramientas tales como un chat o una pizarra virtual mediante la cual se pueden realizar presentaciones de la misma forma que si estuviésemos en una sala de exposiciones.

PERO PUEDEN PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

No obstante, ello, y con independencia de sus innumerables ventajas, constituye un hecho cierto, que también presentan vulnerabilidades o deficiencias, que pueden poner en riesgo la seguridad y control sobre los datos personales que trata:

a). Aquellas que son inherentes a las redes inalámbricas e internet.

b). Aquellas que tienen como causa una configuración descuidada o errónea de las sesiones de videoconferencia.

c). Aquellas que están asociadas a las carencias de seguridad de las propias herramientas o servicios de videoconferencia.

d). Quien organiza una videollamada puede monitorear las actividades de los participantes cuando comparten pantalla.

e). Permite a los administradores ver los paneles de actividad de usuario, el sistema operativo, la dirección IP, los datos de localización e información sobre el dispositivo de cada participante.

f). Recoge datos personales que pueden resultar excesivos: el almacenamiento de datos sobre la conducta del usuario en el procedimiento de acceso e interacción con los servicios ofertados, así como los identificadores de dispositivos y los datos de geolocalización.

g). En la política de privacidad a veces no se especifica un periodo de conservación determinado, sino que depende del tipo de datos y el propósito del tratamiento, resultando su redacción demasiado ambigua.

Más allá de estos riesgos inherentes al desarrollo de esta nueva tecnología, debe tenerse presente, que las costumbres derivadas de su uso en la práctica también tienen su importancia.

Todos hemos recordado recientes escenas de niños irrumpiendo en las grabaciones, de personas inadecuadamente vestidas, o la aparición de terceras personas en el ámbito de la videoconferencia, que comprometen singularmente una conversación proporcionando una información adicional.

Sin embargo, la complejidad desde el punto de vista normativo para las empresas, trascienden en el ámbito de las videoconferencias a estas situaciones tan evidentes, y en las que el mundo del Compliance no puede ser ajeno a estas nuevas circunstancias.

Más allá de la redacción de un código de estilo, que regule aquellos aspectos más trascendentes en el desarrollo de la misma, existe la necesidad de que la comunicación que se transmita a través de estas sea veraz, relevante, comprensible, completa, útil, accesible, y no excesiva, tanto en su cantidad, como en la calidad de la información que se proporciona, ya que la concurrencia de dichas circunstancias determina que la misma sea creíble y coherente.

LO QUE SE DEBE ERRADICAR

Otro elemento importante es que la comunicación tiene que encontrarse adaptada al receptor de la misma máxime teniendo en cuenta el canal utilizado.

La actitud de cada trabajador en el desarrollo de cualquier videoconferencia cada vez más va cobrando una singular importancia, en relación con aquellos comportamientos que la empresa considere adecuados, o por el contrario inadecuados o impropios en el desarrollo de estas.

En este sentido, se deben erradicar lenguajes o actitudes que por sus propias características puedan ser consideradas como sexistas, discriminatorias en su más amplia extensión, vejatorias o formalmente injuriosas, o cualquier otra que contradiga los valores o principios en los que esté instaurado el código de conducta de la empresa, los cuales necesitan ser contemplados en una normativa ad hoc, que regulen el alcance y el contenido de las videoconferencias, y que trate de transmitir aquellos valores, a los efectos de poder erradicar estos comportamientos que se consideran improcedentes, integrándolos en la cultura corporativa de cada empresa.

Al hilo de ello, debe tenerse en cuenta, que esos nuevos ámbitos de actuación exigen que las empresas actualicen sus normas de carácter sancionador, las cuales no prevén estos nuevos escenarios y situaciones generados como consecuencia de la implantación del uso de las videoconferencias y la generalización de su aplicación a estas prácticas laborales en su propia actividad económica.

Dentro de las prácticas que deben tenerse presente en el uso de las videoconferencias es la confidencialidad de la información, preservando la información y comunicación de cada empresa.

Es evidente, que en las reuniones presenciales se pueden dar las instrucciones oportunas en las que se requiera de los asistentes el secreto o la confidencialidad de las conversaciones y de la información, que, a tal efecto, se pueda proporcionar en el desarrollo de las mismas.

PRESERVACIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Cuando se lleva a cabo la realización de una videoconferencia, la preservación de los secretos empresariales puede no ser una labor tan sencilla.

Así, debe tenerse en consideración, si la videoconferencia se va a grabar o no, y en su caso, quien es la persona que va a dirigir la misma, y va a autorizar la grabación de todo su contenido, especialmente, de las informaciones que se proporcionan, de las opiniones que se vierten, etc.

En muchas ocasiones, bien por su transcendencia, bien por tratarse de cosas de alcance menor, la videoconferencia no se graba, o, por el contrario, no se autoriza la grabación.

En tales supuestos, por parte de la empresa debe determinarse cuando procede la grabación de las videoconferencias que se lleven a cabo, y, al mismo tiempo, quien es la persona que de manera efectiva va a controlar dicha grabación.

Consecuentemente con ello, debe implementarse el correspondiente tratamiento en el ámbito de la protección de datos que determine todas las características del mismo, entre las que se debe hacer mención, por ejemplo, a su finalidad, a si las mismas se van a comunicar a terceros, al tiempo en que van a conservar las grabaciones que se efectúen, al hecho relativo al lugar donde se van a almacenar las mismas, al ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales con relación a dicha grabación, o, a las medidas de seguridad que van a serle de aplicación.

En este punto, y por analogía con las normas que regulan los tratamientos de videovigilancia, parece necesario hacer saber a todos los partícipes en la videoconferencia, que la reunión va a ser o está siendo grabada, a los efectos de que dispongan de la suficiente información al efecto, y un adecuado control sobre sus actitudes, palabras e imagen, que cada uno en todo momento, estime oportuno.

Más allá de estas circunstancias, la empresa debe tener presente que hoy en día no sólo es factible, sino incluso relativamente sencillo, que cualquier participante en dicha videoconferencia tenga instalada en su ordenador cualquier aplicación tipo “Camtasia”, que permita llevar a cabo una copia privada de dicha videoconferencia, y que con ello, se ponga en riesgo no solo la seguridad de la información que es objeto de comunicación mediante la videoconferencia, -secretos empresariales, planes de acción, etc.-, sino también, tal como antes se indicó,  las opiniones que se viertan por cada uno de los partícipes en el desarrollo de la misma, rompiendo cualquier clase de confidencialidad, y/o vulnerando el entorno seguro en el que la misma se ha de desenvolver.

Es evidente, que esta situación ha de ser regulada por parte de la empresa, evitando la producción de estas situaciones.

Con independencia de ello, una tercera cuestión que debemos abordar y tener en cuenta desde el punto de vista del cumplimiento normativo, con relación a la realización de dichas videoconferencias, es la relativa a la realización de tareas de monitorización por parte de la empresa, con relación a cada uno de los participantes en la misma, y a título individual sobre cada uno de ellos, con la finalidad de la obtención de perfiles y datos personales asociados a cada uno de ellos.

Esta actividad de monitorización individual de cada partícipe constituye un tratamiento de datos personales, que debe ser conocido por cada una de las personas que se vean afectados por el mismo, y a los que no se debe ni se puede ocultar la existencia de dicho proceso.

Adicionalmente a ello, parece conveniente que se informe oportunamente y con carácter global por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores, de la política  que regule en el seno de la misma sobre el modo y la forma en que se van a llevar a cabo con carácter global dichas grabaciones, y en su caso, las prácticas de monitorización que se pretendan realizar para con los trabajadores que participen en las sesiones de videoconferencias, a los efectos de hacer primar siempre el principio de proporcionalidad en su realización, generando sentimientos de confianza y transparencia en la realización de tales actividades, respetando siempre los legítimos derechos personales y laborales de dichos empleados.


Por: Javier Puyol Montero, es socio director de Puyol Abogados & Partners, Director del Consejo Académico de la ETJ Law & Business School.

Cursos:

El canal de denuncias, ético o de cumplimiento normativo

Introducción práctica al modelo de Compliance

Nuestro ponente y colaborador de la ETJ Law & Business School, José María Fernández Mota, Director del Área de Laboral de MA Abogados, ha publicado en El Confidencial, un interesante artículo sobre el famoso artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, en el que se establece que las empresas acogidas a un ERTE, relacionado con el Covid-19, no pueden despedir.

Os dejamos link a esté artículo pincha aquí


Cursos de José María Fernández Mota, Director del Área de Laboral de MA Abogados:

ERTES Y ERES COVID-19: ACTUALIZACIÓN

Regulación de empleo (ERE y ERTE) pre y COVID-19

Derecho Laboral Covid-19 para trabajadores

Laboral, Legislación y COVID-19

protocolos familiares en las sociedades de capital

Según los últimos datos publicados por el INE, en España, por cada diez matrimonios hay seis divorcios. Y no se publican datos sobre “separaciones” entre hermanos o primos, ni existen estudios, que yo conozca, sobre “la influencia de la familia política en la estabilidad de las personas”…

Sin embargo, somos muy dados a creer que “eso les pasa a otros, a mí no” y la confianza que genera la familia da lugar a la creación de empresas familiares que revisten formas societarias, en las que en ocasiones se confunden las decisiones empresariales con las decisiones personales de los socios.

Las empresas familiares
Siguiendo con datos estadísticos que publica en su web el Instituto de la Empresa Familiar, las empresas familiares suponen el 89% del total de empresas privadas españolas, ocupan el 67% del empleo privado y su peso en la actividad económica equivale al 57% del PIB del sector privado.


Podemos definir las sociedades familiares como las organizaciones que desarrollan una actividad económica en las que el control de las decisiones se ejerce por personas unidas por vínculos de parentesco. Un ejemplo paradigmático de sociedad basada en la confianza familiar, son las sociedades creadas a partes iguales entre socios de una misma familia, o heredadas por partes iguales, y específicamente las sociedades creadas al 50% con el cónyuge u otro familiar, en las que, para mayor dificultad de la cuestión, en ocasiones ambos ejercen como administradores mancomunadamente.
Con frecuencia estas sociedades llegan a situaciones de bloqueo, precisamente por la imposibilidad de consensuar acuerdos societarios cuando las posiciones personales o familiares se enconan, dando lugar, en los términos del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital a la paralización de los órganos sociales de modo que resulta imposible su funcionamiento, lo que se convierte en causas de disolución de sociedades que, objetivamente hablando, deberían considerarse rentables y por tanto viables.

Sin llegar a la necesidad de liquidación, también son habituales desacuerdos familiares a la hora del ejercicio de derechos de los socios, como la participación en las juntas, el derecho de información, el reparto de dividendos, la transmisión intervivos de participaciones, etc.


Pactos parasociales y protocolos familiares
Entre los mecanismos que el derecho nos ofrece para paliar estos problemas, se encuentran los acuerdos entre los socios, pactos parasociales (shareholder agreements por su denominación anglosajona) que, sin formar parte de los estatutos sociales y sin su publicidad, tienen naturaleza de contratos válidos y vinculantes entre las partes que los suscriben.


Históricamente han funcionado como pactos parasociales los sindicatos de voto, para mantener el control en sociedades que, como consecuencia de su expansión, debían dar acceso a nuevos socios. Recientemente, de la mano de figuras societarias como las “startups”, que también pueden surgir en el ámbito familiar, se han popularizado formas contractuales como la “ruleta rusa” o “pacto andorrano”, o el “Texas shoot-out”, que permiten la separación de uno de los socios con la adquisición de la sociedad por el otro, lo que termina con las posibles controversias. También pueden preverse cláusulas “Drag Along” o “Tag Along” que facilitan la transmisión de sociedades completas para rentabilizar la inversión de los socios y repartirse el precio de venta en los porcentajes de participación que ostenten. Y sin necesidad de enajenar la sociedad o partes de ella, mediante pactos parasociales puede otorgarse un voto dirimente, bien sea a uno de los socios o a un administrador o a un “tercero neutral” o adoptarse cualesquiera otras medidas que permitan superar la situación de bloqueo.

En sentido contrario, cláusulas “Good Leaver” o “Bad Leaver” intentan disuadir a determinas personas de abandonar su posición societaria, o en su caso, regular las consecuencias de este abandono… Excedería de la intención de este artículo hacer un examen pormenorizado de las diferentes cláusulas que pueden incluirse en estos contratos y de la inagotable casuística que puede presentar cada una de ellas.
En el ámbito de las sociedades familiares los pactos parasociales se conocen como protocolos familiares y en ellos, con base en el principio general de la autonomía de la voluntad, pueden incluirse cláusulas de diferente índole sobre la gestión de las participaciones de cada uno de los socios y los derechos que las mismas otorgan.


El alcance de la vinculación de estos pactos puede desviar la problemática, cuando los mismos sean contrarios a disposiciones de los estatutos sociales o a acuerdos de la junta general, lo que ocasiona la concurrencia de normas contradictorias de aplicación a los mismos supuestos de hecho.


El protocolo como autoregulación de conflictos futuros
En esta línea, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 120/2020 de 20 de febrero, en la que, tras un impecable estudio sobre los pactos parasociales y las consecuencias de su incumplimiento, resuelve sobre un supuesto de hecho en el que el fundador de un grupo empresarial familiar distribuye entre sus cuatro hijos las participaciones sociales, y firma con ellos un protocolo que incluye, entre otras normas, limitaciones a la libertad de transmisión de participaciones para mantener los porcentajes de participación entre las diferentes estirpes, pacto que, con el pasar de los años y sobre todo de las generaciones, es incumplido mediante una serie de actuaciones que, sin embargo, no conculcan ni la Ley de Sociedades de Capital ni los estatutos sociales.


Este tipo de situaciones suele dar lugar, como ocurre en este caso concreto, a años y años de pleitos entre los familiares en diferentes juzgados e instancias. La STS 120/2020 trae causa de un procedimiento del año 2014 y las participaciones no quedan repartidas ni la sociedad disuelta por lo que auguro que esta familia continuará con multitud de litigios hasta que, o bien la sociedad deje de ser familiar o bien se liquide pese a tratarse de un negocio rentable.


Por este motivo, a pesar de las altas cifras de empresas familiares expuestas, según datos del Instituto de la Empresa Familiar, (que ellos mismos reconocen como aproximados), solo un 30% de ellas llegan a ser empresas familiares de segunda generación y poco más de un 10% llegan a ser empresas familiares de tercera generación. En este escenario, el protocolo familiar puede convertirse en un instrumento de estabilidad que facilite la resolución de controversias, que antes o después llegarán, y evite la aparición de discrepancias futuras que acaben tanto con las sociedades como con las relaciones personales de sus miembros.


Publicado por:

Enrique Díaz Revorio, Letrado de la Administración de Justicia en excedencia, Director del departamento concursal de IAG.

''El Abogado líder'' cuenta el desarrollo profesional de su autor, Juan Gonzalo Ospina, uno de los abogados con más proyección en el ámbito del derecho penal y en el funcionamiento de las RRSS. La pasión por el derecho de su autor, hace que la punta de lanza sea construir la figura del abogado líder para defender mejor a los Clientes y que cada cliente sea el caso más importante para el Abogado.

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Juan Gonzalo Ospina, Abogado Penalista Director de Ospina Abogados.

Desde la Escuela os recomendamos la lectura del libro ''El Abogado líder'' de Juan Gonzalo Ospina, de la editorial Aranzadi.

El Abogado líder

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Sobre el valor y el precio de las acciones y participaciones sociales


En su obra “La riqueza de las naciones”, Adam Smith plantea la “paradoja del valor” con el ejemplo del agua y los diamantes: mientras que el agua es un bien necesario para la supervivencia del hombre por lo que debería tener un valor muy alto, los diamantes tienen un valor de uso muy escaso.
Enrique Díaz Revorio, Director del departamento concursal de IAG International Auction Group

Factores como las unidades de trabajo necesarias para la producción de los bienes, su mayor o menor escasez, la propensión al ahorro o al consumo, la intervención de los poderes públicos, etc, acabarán fijando el precio de las cosas en el punto en que coincidan la oferta y la demanda. Se pone en todo caso de manifiesto que el valor de las cosas raramente coincide con su precio: el precio es la cantidad de dinero que hay que pagar para obtener el producto mientras que el valor, en un concepto utilitarista, hace referencia al grado de satisfacción que el adquirente obtiene con la compra.

Además, en algunas ocasiones otorgamos a bienes concretos un valor nominal, que no coincide con el real, ni por supuesto con su precio. Esto ocurre con las acciones de las sociedades, que, nominativamente hablando tienen el valor de la parte alícuota del capital social que representan, y realmente el valor del porcentaje que la acción supone sobre el valor total de la sociedad, dado por sus resultados o expectativas.

En la determinación del valor real de una acción de una sociedad de capital intervienen criterios empresariales y productivos, como los resultados contables, flujos de caja, valoración de intangibles, etc. Valorar acciones se ha convertido en una ciencia sumamente compleja, dado que también influyen otros aspectos de naturaleza más especulativa que hacen subir y bajar las acciones, por ejemplo, por el efecto del aleteo de una mariposa en Japón. Y como decía Warren Buffett “La razón más tonta del mundo para comprar una acción es porque está subiendo”, pero sin embargo yo no me atrevo a comprarlas cuando están bajando…

Con independencia de lo anterior, el precio de la acción, al igual que ocurriría con el agua o los diamantes de Smith, va a venir determinado por la concurrencia de la oferta y la demanda, bien sea determinada por la cotización en un mercado secundario oficial o bien por el simple acuerdo de voluntades de vendedor y comprador.

Pero, ¿qué pasa si esas voluntades están viciadas por haber fijado el precio referenciado al valor real, en base a una información equivocada sobre las circunstancias que deben determinar dicho valor?

En un mercado primario el vendedor puede ser a su vez el causante del error, lo que, si se ha producido de manera dolosa puede ser constitutivo de delito, como hemos podido ver en el proceso aún abierto contra Pescanova en la Audiencia Nacional, que se sigue por, presuntamente, falsear la información contable en una ampliación de capital para que los inversores acudiesen a la misma pagando un precio que no era el correspondiente a su valor real. Sin embargo, en un mercado secundario, es muy posible que ni vendedor ni comprador hayan tenido ninguna actuación en los factores que fijan el valor: se han limitado a establecer un precio referenciado al valor que arroja la información contable.


Es el supuesto que aborda la reciente Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 395/2020 de 1 de julio.

Dos sociedades, que vamos a llamar A y B, son socios minoritarios de C, la cual decide ampliar capital mediante emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias. Según la información que se suministra para la ampliación, C tenía un valor de 26 millones de euros y cerca de 12 millones de beneficios. Sobre esas cifras, se calcula un valor real de la acción de 30 euros, por lo que, siendo el valor nominal de 6 euros, la ampliación se emite con prima de 24. De esta forma, la prima prevista en el artículo 298 de la Ley de Sociedades de Capital, cumple una función correctora del valor real respecto del nominal (Vr=Vn+P).

La sociedad A estaba interesada en acudir a la ampliación, por lo que B, conocedora de esta intención y necesitada de liquidez, le ofrece su paquete accionarial por 29 euros la acción. Como vemos, por la voluntad de ambas partes en la compraventa, se acuerda un precio diferente al valor, pero referenciado a este, pues se fija en base a descontar un euro por cada título del montante total de la operación. Ya tenemos fijado el valor nominal, el real y el precio, y vemos que no coinciden, y en esos términos se firma el contrato.

Pero ocurre que, como resultado del informe de auditoría, se ponen de manifiesto importantes errores contables pues los beneficios no habían sido de 12 millones de euros sino de 3.5 millones lo que reducía el valor de la sociedad a unos 22 millones de euros, y como consecuencia C recalculó el valor real de su acción a 12 euros y devolvió 18 euros por acción a los accionistas que habían acudido a la ampliación. Sin embargo, B no le devuelve esa cantidad a A, pues tienen un contrato de compraventa privado en el que, como resultado de la autonomía de la voluntad de las partes, se había fijado un precio que no tiene por qué coincidir con el valor, ni con el real ni con el nominal.


La teoría general de obligaciones y contratos de nuestro código civil exige a las partes consentimiento, objeto y causa, y declara nulo ese consentimiento cuando ha sido prestado por error (artículo 1265 CC). Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. Y con esa base A demanda a B ejercitando una acción de nulidad de la compraventa por vicio del consentimiento y subsidiariamente de nulidad parcial por la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que se habría pagado de conocer el verdadero valor real de la acción, solicitando la devolución de 17 (29-12) euros por acción.

El Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda por entender que las partes han fijado libremente un precio, diferente al valor, sin que exista error en el consentimiento. Los errores contables determinan la modificación del valor, y por eso, a los que han acudido a la ampliación en mercado primario se les devuelve la diferencia, pero el error no existía en el precio, que ha sido libremente fijado por las partes. Y además, de existir error, el mismo sería inexcusable, pues tanto A como B eran socios de C lo que les permitía tener acceso al derecho de información y a la documentación contable, y por tanto no viciaría el contrato.


Sin embargo, el Tribunal Supremo confirma ahora la Sentencia de la Audiencia Provincial que estimó la apelación de la demandante; y entiende que, si bien los errores sobre la valoración del bien raramente son excusables, en cuanto queda dentro de la diligencia exigible al comprador cerciorarse del valor del objeto que compra, bajo los principios liberales que presiden el Código Civil, eso no significa que no pueda llegar a haber supuestos excepcionales, como es el presente, en que el error en la valoración pueda ser excusable porque venga propiciado por un error previo sobre las cualidades del objeto o los parámetros que determinan su valor. El Alto Tribunal considera que el error es vicio suficiente para anular la compraventa y además excusable, pues no resulta razonable exigir mayor diligencia al comprador para cerciorarse del valor de las acciones que compraba: no se trata de un error de cálculo en las operaciones que dan lugar a la fijación del precio respecto del valor, sino en las premisas tomadas en consideración por un tercero para la determinación del valor.

Por tanto, el error es esencial, recae sobre elementos que han dado lugar a la firma del contrato, y vicia el consentimiento que no se habría prestado sin él, pues aunque las partes fijan libremente el precio, lo hacen por referencia al valor que ambos aceptan como real, y establecen el precio un euro inferior, lo que determina la nulidad de la compraventa, con obligación de las partes de restituirse las recíprocas prestaciones.

Para otro día dejo el tema de los efectos de la restitución de las acciones cuando, como es el caso, entre el contrato de compraventa anulado y la Sentencia del Tribunal Supremo han trascurrido nueve años.

Posdata. Me encanta que el último antecedente de hecho ponga de manifiesto que la deliberación y votación de la Sentencia se ha realizado a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia. Pensar en Sus Señorías deliberando en una Sala Virtual me hace volver a creer en la posibilidad de que el Siglo XXI acabe por llegar a la Administración de Justicia.


Enrique Díaz Revorio, Director del departamento concursal de IAG International Auction Group, Letrado de la Administración de Justicia en excedencia

Presupuestos Generales del Estado, Impuestos, 2021, IRPF, IVA, Patrimonio, plan de pensiones, Sociedades, efectivo , Inmuebles

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 por parte del Congreso supone un aumento de impuestos de cerca de 8.000 millones de euros. Como puntos mas importantes de los Presupuestos Generales del Estado podemos señalar los siguientes:

  1. IRPF: el tipo impositivo sube dos puntos para las rentas a partir de 300.000 euros.
  2. Sociedades: se grava el 5% los dividendos procedentes del exterior y los nacionales con el objetivo de recaudar 1.520 millones sobre el impuesto de sociedades.
  3. Planes de pensiones: en el IRPF, el limite de aportaciones a planes de pensiones baja de 8.000 euros a 2.000 euros. El limite conjunto con la empresa se amplia de 8.000 euros a 10.000 euros.
  4. Ahorro: se eleva a tres el tipo impositivo sobre las rentas de ahorro, hasta el 27% a partir de ganancias de 200.000 euros.
  5. IVA: se sube el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%.
  6. Primas de Seguros: se eleva el impuesto del 6% al 8%.
  7. Patrimonio: la imposición se eleva del 2,5% al 3,5%, un punto, para patrimonios desde 10 millones de euros.
  8. Lista de morosos: la entrada en lista de morosos baja de 1 millón a 600.00 euros y se incluye a directivos y administradores.
  9. Inmuebles: sube la tributación de Sucesiones, inmuebles en Patrimonio e ITP, a valorarse por valor de mercado.
  10. Efectivo: para operar en efectivo se reduce de 2.500 euros a 1.000 euros.

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